Argentina finalmente acuerda préstamo con el FMI
A pesar del rechazo de la sociedad, y de las advertencias de que sería una mala decisión, el gobierno de Argentina acordó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. El ministro argentino de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció que el país pactó un programa de stand by con la entidad financiera por una cifra de 50 mil millones de dólares con una duración de tres años.
La noticia fue dada a conocer por el titular, desde el Centro Cultural Kirchner, a través de una rueda de prensa. Dujovne, acompañado del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, ratificó que el Ejecutivo argentino está seguro de que esa es la decisión correcta y que dicha medida fue tomada para lograr evitar una crisis, tal vez quiso decir, una peor crisis.
Definitivamente esta es una demostración de que el gobierno de Argentina, está buscando apoyo para un programa que hasta el momento no ha dejado ve otra cosa que la crisis en todos los sentidos. Este grupo, que no es seguido por muchos en la nación sudamericana quiere demostrar que buscan seguir construyendo una económica normal que crezca sostenidamente, la cual aumente el empleo, y baje la pobreza, criterio este que se contradice con la situación actual de ese país.
Quiere el gobierno de Mauricio Macri seguir el camino fiscal y frenar el problema de gastar más de lo que se tiene, y con ello, la deuda. Cosa rara, al aferrarse ahora a otra deuda con un organismo financiero internacional.
Según Dujovne “la solución a los problemas de Argentina depende de los ciudadanos de este país, de ese modo resolverlos depende del pueblo”, otra contradicción más, cuando fue el mismo pueblo quien alertó a no pedir fondos al FMI y sugirió salir adelante con los recursos de la nación.
El titular de Hacienda dijo que decidieron acudir al Fondo en forma preventiva para evitar una crisis. De ese modo destacó que el acuerdo con el FMI tiene cláusulas de salvaguarda social inéditas y prevé eventuales relajamientos en la meta de déficit para ser aplicada una porción del gasto adicional a programas sociales en caso de que sea necesario intervenir, si los monitoreos llevan a decidir a incrementar el gasto social.
Ya la decisión es un hecho, mientras, dentro de la oposición, sindicatos y un sector muy amplio de la población consideran esa determinación como un fantasma que traerá más endeudamiento.
