El aborto sigue marcando la pauta
De acuerdo a los últimos reportes estadísticos, las personas que están a favor de la ley que permitiría realizar interrupciones voluntarias del embarazo llevan una ligera ventaja con respecto a aquellos que opinan lo contrario, aunque sin embargo aun quedan demasiadas cosas por decir con respecto a un tema que ha causado polémica de sobra en le nación argentina. Tras el pasado junio, cuando la Cámara de Diputados decidió apoyar el proyecto luego de casi un día de debate que terminó con solo cuatro boletas de diferencia. En lo adelante, se piensa que en la Cámara Alta el tema tenga un desenlace cuando menos parecido, aunque hay razones para pensar que puede ser vetado.
El aborto es ilegal en la República Argentina desde el año 1886, fecha en que se aprobó el primer Código Penal en ese país. Varias décadas más tarde, en 1921, la disposición se flexibilizó, al establecer que era válido solo en casos de riesgo para la vida de la paciente, o si el embarazo ocurría como resultado de un abuso sexual cometido contra una fémina discapacitada mentalmente.
No fue hasta el siguiente siglo que se incluyó una nueva modificación a la ley. En 2012 se permitió realizar una interrupción voluntaria en casos de embarazos producidos por una violación sexual de cualquier tipo. Esta última reforma vino como consecuencia de una decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), institución que determinó que ante cualquier abuso de este tipo, independientemente de su capacidad cognitiva, las mujeres debían tener la posibilidad de optar por el aborto.
El CSJ determinó que no había necesidad de pedir una autorización del juzgado para poder acceder al servicio médico, y que tampoco era indispensable haber hecho la denuncia a las autoridades, ya que basta con que la víctima complete una declaración jurada en donde exponga que su estado de gestación es el resultado de un delito cometido en su contra.
Asimismo, la CSJ instó al gobierno en todas sus instancias, a sancionar a los hospitales que ayuden con sus servicios a mujeres que quieran realizarse abortos por otros motivos. No obstante, y a pesar de que en 2015 el Ministerio de Salud dio a conocer un procedimiento, aun todavía no se ha generalizado esta práctica, entre otras razones porque algunos especialistas se niegan a realizar abortos, incluso si se trata de los que de momento están permitidos. Por todo ello, ahora mismo la ley es un pedido de cada vez más mujeres.
En el continente americano, son varios los países que permiten o han aprobado leyes de este tipo. Tal es el caso de sus vecinos uruguayos, de Cuba y México, en donde el aborto es un proceder totalmente legítimo. También ocurre así en la mayoría de países del llamado primer mundo. Además, tampoco sería un caso único en países mayoritariamente católicos, pues Irlanda lo hizo hace poco más un año.
Hasta ahora el proyecto que avanzó a duras penas da derecho al aborto durante las primeras 14 semanas del embarazo, tiempo luego del cual solo existe la posibilidad de realizarlo si se trata de una violación, si hay peligro para la vida de la madre o si el feto tiene problemas de salud.
Por demás, la propuesta permitiría que el acto tenga lugar en cualquier hospital o clínica, y que se haga de forma gratuita, un hecho que los defensores han pedido, pero al que se oponen otros, alegando que a pesar de ser un problema de salud pública, las cifras de fallecidas como consecuencia de abortos clandestinos no representa un número lo suficientemente problemáticas si se les compara con otras situaciones.
Un tema que complejiza este tema es el hecho de que los médicos que no quieran dar semejante tratamiento a sus pacientes lo documenten por escrito, una negativa que no sería posible cuando la gestante tenga en riesgo su vida. Por esta causa tampoco sería posible que el centro de salud rechace prestar el servicio. En resumen, la nueva ley prohíbe lo que se conoce como objeción de ideario o institucional, la cual incluye a instituciones de tipo católico.
Ante tales contradicciones, algunos piensan de antemano en un proyecto diferente, que a pesar de permitir el aborto legal, tenga algunos cambios con respecto a la propuesta actual. Entre ellos estaría la mencionada objeción moralista, la reducción del plazo de 14 a 12 semanas, la eliminación de sanciones a los médicos que no quieran realizarlos, así como la distribución general de misoprostol, sustancia que se usa para terminar embarazos antes del término.
