Los procesos económicos y el consenso de la sociedad
El crecimiento sostenido del producto sobre la base de mayores niveles de eficiencia y competitividad es una necesidad impostergable para la reproducción de la sociedad en las actuales condiciones, pero no debe ni tiene que ser alcanzado a costa del abandono de los mayores niveles posibles de igualdad social, como uno de los objetivos esenciales de la economía y la sociedad socialista. Expresando esto de una forma resumida puede radicar aquí la diferencia entre un replanteamiento del modelo socialista de Cuba en las actuales circunstancias o un franco retroceso a una sociedad basada esencialmente en las dinámicas de los mercados y de la rentabilidad a todo costo social.
Como puede demostrarse en un examen más detallado de esta relación, la mayor acentuación de la desigualdad no es necesariamente ni una condición, ni una consecuencia de una economía más diversa, más dinámica, más competitiva y de mayor crecimiento.
La construcción del consenso social, factor imprescindible para una Cuba que aspire a mantener su soberanía frente a enormes desafíos internacionales, supone necesariamente una economía con tasas de crecimiento sostenidas y niveles de redistribución de la riqueza, que sin ser igualitarios, sean incluyentes y abran diversas oportunidades de desarrollo social a toda la población. Sobre todo a las nuevas generaciones. El impacto de los cambios y los procesos económicos en curso sobre los niveles de igualdad económica y social deben ser permanentemente medidos y constituir una preocupación central de la política económica y de la “política política”. El entender cómo una necesidad (no solo coyuntural) la existencia de mayores niveles de desigualdad económica en Cuba en comparación con las aspiraciones históricas, no debe conducir al abandono de la igualdad y la justicia social como una aspiración esencial del modelo socialista. Los principales factores que expliquen la diferenciación en la distribución del ingreso debe ser el trabajo, la eficiencia, la competitividad, la capacidad de emprendimiento, la innovación y la responsabilidad social, en cualquiera de los diversos sectores de producción y de servicios -estatal, cooperativo y privado- que la reforma económica viene abriendo y se continuarán ampliando en el país.
Para los territorios urbanos la propiedad privada sobre medios de producción, es un factor novedoso y necesario en la actual reforma económica, debe tener límites extraeconómicos claros, que impidan el avance de la acumulación privada sobre el control de los medios fundamentales de producción (aquellos que por su valor, magnitud e impacto en las interrelaciones económicas son determinantes para la reproducción y el desarrollo estratégico de la economía nacional), los cuales deben mantenerse bajo formas sociales de propiedad y de gestión. La inversión extranjera, imprescindible por su aporte -en capitales, tecnologías y mercados- debe participar con las garantías y los niveles de rentabilidad adecuados, pero bajo regulaciones del Estado y de la sociedad que limiten impactos contrarios a los intereses del desarrollo nacional y al carácter de la sociedad.
La política fiscal debe garantizar, tanto los ajustes distributivos adecuados, como el financiamiento de las políticas sociales y de la inversión pública para el desarrollo estratégico del país. Es muy necesario que existan políticas sociales bien financiadas que compensen las desigualdades en los sectores más afectados y vulnerables y que, además, contribuyan al desarrollo y la movilidad social de las personas, creando condiciones para la inclusión social a través de la capacitación y el empleo.
El empleo es el puente entre la política social y la política económica. La planificación debe adquirir un nuevo contenido, compatible con los altos niveles de descentralización que la actual economía requiere, por lo cual debe acentuar su carácter de planificación estratégica e indirecta, manteniendo su carácter directivo solamente para empresas e inversiones de máxima prioridad e impacto estratégico en el desarrollo del país. El mercado debe estar subordinado a la política y el interés privado al interés público. Las instituciones, la participación democrática y las regulaciones constitucionales y legales son los únicos garantes de esa condición. Por ello, el sistema político debe representar la diversidad social a la que la reforma económica da lugar.
Me interesa también llamar la atención acerca de que la parte de la población cubana que vio degradada su posición social durante la crisis no terminó en una posición de pobreza y de desigualdad de manera voluntaria o accidental. Hay varios casos en que fueron colocados en su nuevo estatus social mediante algún tipo de política pública.
